Conozco a más de un político que hizo valer un presunto título académico al presentarse a unas elecciones. Y a otros que accedieron a cargos públicos sin que, presuntamente, hubieran aprobado al menos Educación para la Ciudadanía o su equivalente; como por ejemplo, urbanidad, modos y crianza o como se llame eso en la formación general básica. Conozco a más de uno --alcalde, concejal o consejero de Aragón sin ir más lejos-- que no sabe que los ciudadanos tienen derecho a hacer preguntas y los gobernantes el deber de contestarlas. Y si lo saben, tanto peor. Pues dejarían de ser presuntos ignorantes para ser irresponsables: moralmente siempre, políticamente a veces y legalmente menos pues no siempre se quejan los ciudadanos. Y de todos modos díscolos o morosos si dilatan la respuesta debida, dando a entender en su caso la callada como palabra de rey a la demanda. Demócratas no practicantes les llamaría yo, y que no se ofendan que lo digo por su bien y sobre todo por el bien de este país en el que la justicia --¿y el Justicia?-- contra el poder puede menos que el poder contra el dinero. Lo que ya es decir. Y en una situación en la que pueden justificarse incluso algunos recortes económicos para salir de la crisis actual, lo comprendo; pero nunca en derechos humanos y civiles que nos hundirían de nuevo en en el antiguo régimen. Ha llegado la hora de la política y, por tanto, de los ciudadanos.
EL SABER y saberme maltratado como ciudadano por aquellos que, por otra parte, mantienen su discurso aburrido de "abrirse a la sociedad civil" y de la "participación ciudadana", bla, bla, bla, lejos de abatirme me indigna. Si un ciudadano escribe una carta a quien corresponda y pasados los meses --y los años-- no le llega la respuesta debida, no le pidan que crea que hay siempre políticos responsables. Pero ese no es el caso del que quiero hablarles, sino de otro más grave: el de una institución pública cuya autoridad ha sido ignorada, relegada, ninguneada y desautorizada de hecho por otra que la tiene legalmente, por supuesto, mientras no se desautorice a sí misma. Me refiero al Consejo Superior de las Lenguas de Aragón, del que formo parte como consejero después de aceptar el pleno la dimisión de los cargos orgánicos y asumir sus miembros unánime y colectivamente sus funciones. Me refiero al Consejo que el viernes, 18 de mayo, hizo pública una "Declaración a la Opinión Pública Aragonesa", para denunciar que tenemos una Ley de Lenguas y un Gobierno que no la cumple. Para decir que las leyes se cumplen o se cambian, y que nadie está por encima de ellas. Y en concreto para denunciar que después de ponernos a disposición del Gobierno apenas investido tuvimos que esperar a diciembre del año pasado para que la consejera de Educación nos respondiera, y otro mes, hasta mediados de enero, para que accediera a participar en una reunión --la única--. Nos prometió enviarnos el borrador de un proyecto de modificación de Ley de Lenguas que nunca llegó a nuestras manos. ¿Para qué? Pues eso, para nada.
O para que el consejo, después enviar otra carta al Departamento, reclamando el borrador sobre la materia en la que se supone tendría que aconsejar: "Todos los miembros de este Consejo --se hacía saber en ella-- se sienten particularmente responsables ante los ciudadanos aragoneses (-.) por la falta de cumplimiento de la Ley vigente y la tardanza inexplicable en tal situación para cumplir ese Departamento lo prometido"; para concluir diciendo: "Pedimos que se atienda esta demanda a la mayor brevedad". Al no recibir respuesta, el silencio fue la gota que colmó el vaso y la paciencia de los consejeros que decidimos, unos, dimitir de los cargos orgánicos del consejo y todos permanecer en él para asumir juntos, colegialmente, la responsabilidad y las funciones asignadas por la Ley vigente.
De la opinión unánime del consejo, se dio cuenta en un acto en el que asistieron prácticamente todos los consejeros. La declaración institucional se hizo sin comentarios ni preguntas, como era lógico; pero allí mismo se dijo que cualquiera de los consejeros presentes, concluido el acto, estaba a disposición de ser entrevistado por los periodistas, que no lo hicieron. Y eso que tocaban a más de un consejero por cabeza. Pero no les preguntaron, ni salieron en la foto. Y creo que tampoco en la tele, pero no me hagan caso. Puede que sí. Y de todos modos ¿qué importa?.
EL SABER y saberme maltratado como ciudadano por aquellos que, por otra parte, mantienen su discurso aburrido de "abrirse a la sociedad civil" y de la "participación ciudadana", bla, bla, bla, lejos de abatirme me indigna. Si un ciudadano escribe una carta a quien corresponda y pasados los meses --y los años-- no le llega la respuesta debida, no le pidan que crea que hay siempre políticos responsables. Pero ese no es el caso del que quiero hablarles, sino de otro más grave: el de una institución pública cuya autoridad ha sido ignorada, relegada, ninguneada y desautorizada de hecho por otra que la tiene legalmente, por supuesto, mientras no se desautorice a sí misma. Me refiero al Consejo Superior de las Lenguas de Aragón, del que formo parte como consejero después de aceptar el pleno la dimisión de los cargos orgánicos y asumir sus miembros unánime y colectivamente sus funciones. Me refiero al Consejo que el viernes, 18 de mayo, hizo pública una "Declaración a la Opinión Pública Aragonesa", para denunciar que tenemos una Ley de Lenguas y un Gobierno que no la cumple. Para decir que las leyes se cumplen o se cambian, y que nadie está por encima de ellas. Y en concreto para denunciar que después de ponernos a disposición del Gobierno apenas investido tuvimos que esperar a diciembre del año pasado para que la consejera de Educación nos respondiera, y otro mes, hasta mediados de enero, para que accediera a participar en una reunión --la única--. Nos prometió enviarnos el borrador de un proyecto de modificación de Ley de Lenguas que nunca llegó a nuestras manos. ¿Para qué? Pues eso, para nada.
O para que el consejo, después enviar otra carta al Departamento, reclamando el borrador sobre la materia en la que se supone tendría que aconsejar: "Todos los miembros de este Consejo --se hacía saber en ella-- se sienten particularmente responsables ante los ciudadanos aragoneses (-.) por la falta de cumplimiento de la Ley vigente y la tardanza inexplicable en tal situación para cumplir ese Departamento lo prometido"; para concluir diciendo: "Pedimos que se atienda esta demanda a la mayor brevedad". Al no recibir respuesta, el silencio fue la gota que colmó el vaso y la paciencia de los consejeros que decidimos, unos, dimitir de los cargos orgánicos del consejo y todos permanecer en él para asumir juntos, colegialmente, la responsabilidad y las funciones asignadas por la Ley vigente.
De la opinión unánime del consejo, se dio cuenta en un acto en el que asistieron prácticamente todos los consejeros. La declaración institucional se hizo sin comentarios ni preguntas, como era lógico; pero allí mismo se dijo que cualquiera de los consejeros presentes, concluido el acto, estaba a disposición de ser entrevistado por los periodistas, que no lo hicieron. Y eso que tocaban a más de un consejero por cabeza. Pero no les preguntaron, ni salieron en la foto. Y creo que tampoco en la tele, pero no me hagan caso. Puede que sí. Y de todos modos ¿qué importa?.
José Bada,
Miembro del Consejo Superior de las Lenguas de Aragón
Miembro del Consejo Superior de las Lenguas de Aragón
Fuente: www.elperiodicodearagon.com
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