Alcaldes, concejales y consejeros de CHA de siete comarcas en las que
se usa el aragonés, junto con cargos de la formación, han celebrado
este domingo un encuentro en Aínsa, donde se han anunciado
movilizaciones desde municipios y comarcas y se ha firmado una
declaración en la que se recoge la insumisión de estos dirigentes ante
la Ley de Lenguas.
En concreto, los firmantes declaran que en el ejercicio de su derecho
a la objeción de conciencia se declaran insumimos frente a una Ley que
“no respeta la legalidad estatal e internacional y que discrimina la
lengua y los hablantes, tratándolos como un mero adorno folclórico de la
cultura”.
En su lugar, estos representantes electos actuarán en esta materia
directamente con arreglo a las prescripciones del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, el Convenio del
Consejo de Europa para la Protección de los Derechos Humanos y de las
Libertades Fundamentales y la Carta Europea de las Lenguas Regionales o
Minoritarios, así como con arreglo “al acervo de casi medio siglo de
trabajo por recuperar, normativizar, normalizar y perpetuar la lengua
aragonesa”.
En la declaración, los firmantes remarcan que la lengua que se habla
en sus pueblos es aragonés y que las formas en las que se habla a nivel
local son variedades constitutivas del aragonés y “hablar cada una de
ellas equivale a hablar de distintas formas el mismo idioma”. Rechazan,
por ello, denominarla a nivel oficial de otra manera.
Consideran que esta lengua es distinta del catalán, que exponen que
se habla en las comarcas orientales de la Comunidad, “cuyo origen y raíz
es distinto al del aragonés”. Por ello, también se han mostrado en
contra de considerarlo una modalidad de la lengua aragonesa.
Los firmantes han exigido medidas que obliguen “verdaderamente” a las
administraciones y servicios públicos “a dar cabida y expresarse en
aragonés con los hablantes de esta lengua, de forma que su uso público
esté garantizado y no quede en el recurrente desideratum que prescribe
la nueva Ley para casi todo, que exime a las autoridades de cualquier
obligación jurídicamente exigible”. Exigen, además, la plena integración
de su enseñanza en el currículo académico y su impartición en los
mismos horarios y condiciones que las demás materias.
El diputado de CHA en las Cortes de Aragón por Huesca, Joaquín
Palacín, ha recordado “el ridículo que ha hecho el Gobierno de Aragón
con el Lapao y Lapapyp en un ejercicio de caciquismo e ignorancia que
cuestiona hasta el ministro Wert” pero lo grave, ha señalado Palacín, es
que se pone “en peligro el aragonés, se desprecia a los hablantes de la
lengua y se traslada el uso del aragonés a lo meramente folclórico”.
Los representantes de CHA se han comprometido a buscar fórmulas para
potenciar el aragonés desde el ámbito local para hacer frente a las
negativas consecuencias de la Ley.
No se trata de una mera cuestión cultural sino que “la nueva Ley de
Lenguas vulnera los tratados internacionales asumidos por el Gobierno
central, como es la Carta Europea de las Lenguas minoritarias; se
vulneran las recomendaciones de la Unesco, que recomiendan proteger el
aragonés; se camina en contra de lo que recoge el propio Estatuto de
Autonomía de Aragón”.
Fuente: www.aragondigital.es
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