Los partidos de la oposición al Gobierno aragonés (PSOE, CHA e IU), junto a CiU, ICV y ERC, presentaron ayer ante el Tribunal Constitucional un recurso contra la nueva ley de lenguas de Aragón, que borró de un plumazo el reconocimiento de la existencia del catalán y el aragonés en esta comunidad y pasó a denominar "lengua aragonesa propia del área oriental" al primero, y "lengua aragonesa propia de las áreas pirenaica y prepirenaica" al segundo. Ambas definiciones provocaron una catarata de reacciones, la mayor parte de ellas irónicas por lo surrealista del término, y el nacimiento del lapao y el lapapyp en las redes y determinados periódicos para definir a las dos lenguas vernáculas de la comunidad autónoma.
"Irrisoria", "discriminatoria", "barbaridad jurídica y política", "suicidio lingüístico", "rancia y casposa", "ridícula" o "verdadero bodrio" fueron algunos de los calificativos que los cuatro representantes políticos que registraron ayer el recurso ante el Constitucional dedicaron a la norma aprobada en mayo en las Cortes de Aragón con los votos del PP y el Partido Aragonés (PAR).
El objetivo de los partidos firmantes es "pasar del hazmerreír" que ha provocado la ley en la comunidad científica a un reproche jurídico y a un elemento más de presión contra el Ejecutivo de Luisa Fernanda Rudi, según explicó el diputado en el Congreso de la CHA e impulsor de la medida, Chesús Yuste.
El nacionalista se desplazó hasta el alto tribunal junto al diputado en las Cortes y presidente de la CHA, José Luis Soro; el senador del PSOE y aragonés catalanoparlante, José María Becana, y el coordinador de IU-Aragón, Adolfo Barrena. Para el recurso, tenían el apoyo de 63 diputados del PSOE, la Izquierda Plural, CiU y ERC, y la firma, aunque no refrendada por un notario, de diputados del PNV y el BNG.
LEY QUE DESLEGALIZA
Según explicó el promotor de la iniciativa, Chesús Yuste, la nueva ley de lenguas vulnera la Constitución, el Estatuto y documentos internacionales adaptados al ordenamiento español, como la Carta Europea de Lenguas Minoritarias. "Es una ley que deslegaliza, porque no se atreve a llamar a las lenguas por su nombre, y que ni siquiera define cuál es el mapa lingüístico aragonés", añadió. El coordinador del PSOE aragonés en el Congreso, Vicente Guillén, también ha colaborado en el trabajo para recabar todas las firmas necesarias para presentar el recurso, que ahora puede estancarse en el tribunal, hasta que emita el fallo, hasta una década.
Fuente: www.elperiodicodearagon.com
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