En plena indignación social por los recortes, el PP aragonés emitió ayer una nota buscando la complicidad de la ciudadanía cifrando en 25 millones el ahorro a las arcas públicas con la modificación de la Ley de Lenguas. Además, volvió a insistir en que la actual contempla "imposiciones", aunque estas no aparecen en el texto. La encargada de hacer esta valoración fue la portavoz de Educación y Cultura del PP en las Cortes, María José Ferrando. La cifra de 25 millones no fue desglosada ni detallada por el PP, pero no fue óbice para que Ferrando indicara que "la cooficialidad velada que propone la ley actual supone unos gastos inasumibles". Y añadió: "Cambiar esa ley supone un ahorro de 25 millones de euros que no hay que gastarse en traductores y duplicidad de documentos administrativos". Actualmente, no hay ni un solo traductor en nómina. Asimismo volvió a una premisa que no avala ningún estudio riguroso al insistir que en Aragón hay "multitud de modalidades lingüísticas" y que "aglutinar las modalidades en idiomas normalizados terminaría con siglos de historia".Ferrando no obstante, aseguró que el catalán en el Aragón oriental seguirá siendo una asignatura optativa y reclamó la devolución de los bienes por parte de Cataluña, en lugar de entrometerse en la legislación aragonesa.
Fuente: www.elperiodicodearagon.com y www.pparagon.es
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