Asturias y Aragón son las dos únicas comunidades autónomas con lengua propia que no tienen reconocida la cooficialidad en su territorio. Ambas tienen leyes de uso, protección y promoción, pero no están incluidas en sus estatutos de autonomía como lenguas oficiales junto al castellano.
En el caso del Principado, la III Encuesta Socioligüística de Asturias --realizada en 2017 por el Eukobarómetro con una muestra de 600 entrevistas-- señala que el 25% de la población lo escribe, el 13% lo lee, el 24% lo habla y el 28% lo entiende sobre una población de 1.034.000 habitantes. Habría que sumar el gallego-asturiano, propio del occidente de la comunidad.
La lengua vehicular es el castellano y en Primaria los alumnos pueden elegir entre Asturiano o Gallego-Asturiano --en los municipios occidentales-- y Cultura Asturiana. En Secundaria se oferta el estudio de la lengua como materia optativa. En las relaciones con la Administración, ésta no tiene deber de uso pero los ciudadanos sí tienen reconocido el derecho a utilizar el asturiano.
La Junta General del Principado de Asturias tiene en marcha una comisión parlamentaria sobre el régimen de protección y promoción del asturiano para analizar la situación actual y su futuro. Izquierda Unida y Podemos son favorables a la cooficialidad, mientras que Foro la respaldaría si se dan las circunstancias políticas y el consenso social necesario. Desde Ciudadanos apuestan por centrarse en desarrollar la Ley de Uso, al igual que el PP, que rechaza que sea lengua cooficial.
Por su parte, el Gobierno del Principado circunscribe su compromiso con el asturiano al programa electoral del PSOE de 2015, que no incluía la oficialidad. No obstante, los socialistas aprobaron en su último congreso autonómico una resolución de apoyo a la cooficialidad y su nuevo secretario general, Adrián Barbón, se ha comprometido a incluirla en el programa electoral de 2019 y reformar el estatuto de autonomía en la próxima legislatura.
En Aragón, son más de 10.000 las personas que hablan aragonés y unas 40.000 las que usan el catalán de Aragón, siendo ambos ofertados como asignaturas optativas en sus zonas de influencia. El ejecutivo actual PSOE-CHA mantiene vigente, con alguna modificación puntual, la ley de promoción de ambas lenguas y sus modalidades lingüísticas que impulsó el gobierno del PP-PAR y ha anunciado su intención de constituir una Academia, institución que se creó en Asturias en 1980.
VALENCIANO, CATALÁN, EUSKERA Y GALLEGO
A principios de la década de los ochenta se reconoció la oficialidad del valenciano en el estatuto de autonomía de la Comunidad Valenciana (1982). Al respecto, se observa una notable evolución en tres décadas al pasar de un 4% de ciudadanos alfabetizados en valenciano en 1982 a superar el 85% en la actualidad.
Un poco antes se aprobaron los estatutos de autonomía de Cataluña (1979), País Vasco (1979) y Galicia (1981) en los que se reconoce la oficialidad del catalán, euskera y gallego, respectivamente.
En los cuatro casos, los poderes públicos garantizan el uso normal y oficial de los dos idiomas y potencian el empleo de la lengua propia en todos los planos de la vida pública, cultural e informativa, disponiendo de medios para facilitar su conocimiento.
El gallego, asimismo, se oferta como asignatura optativa en varios centros educativos de León y Zamora, fundamentalmente en la zona de El Bierzo. En concreto, en León hay 13 colegios y 4 institutos, y un centro en Zamora. En dichas provincias no existe, sin embargo, enseñanza reglada del asturleonés.
ARÁN, BALEARES Y NAVARRA
Especial mención merece el aranés --con una estimación de menos de 3.000 hablantes--, que se reconoce como lengua propia del Valle de Arán y tiene categoría de oficialidad en el estatuto de autonomía de Cataluña.
Además, resultan significativos los casos de Baleares y de Navarra. En las islas reconocen la oficialidad del catalán y lo mismo ocurre en el norte de Navarra con el euskera, al ser considerada zona vascófona.
En Baleares, su estatuto dispone que la lengua catalana es propia del archipiélago y que tiene, junto con la castellana, el carácter de idioma oficial. Además hace referencia a las modalidades insulares --la lengua con las particularidades de cada isla-- como objeto de estudio y protección sin perjuicio de la unidad de la lengua.
La Ley de Normalización Lingüística establece el catalán como lengua propia de la administración pública balear y los topónimos de Baleares tienen como forma oficial la catalana. En Educación, las clases en catalán deben suponer como mínimo el 50 por ciento de las horas lectivas, pero la ley obliga a garantizar el conocimiento del castellano. También se establecen determinadas asignaturas --como ciencias sociales, naturales, historia-- que se deben impartir en catalán.
Para Navarra, la regulación viene determinada por la Ley foral del Euskera, que divide Navarra en tres zonas lingüísticas distintas: la zona vascófona, la zona mixta y la zona no vascófona.
En la zona vascófona tiene el carácter de cooficial junto con el castellano. En esta zona, todos los ciudadanos tienen derecho a usar tanto el euskera como el castellano en sus relaciones con las Administraciones públicas y a ser atendidos en la lengua oficial que elijan.
En el resto, la lengua oficial es el castellano, si bien en la zona mixta (donde se incluye Pamplona) se reconoce el derecho de los ciudadanos a dirigirse en euskera a las Administraciones públicas. Para garantizar el ejercicio de este derecho en la zona mixta, las Administraciones podrán especificar en la oferta pública de empleo de cada año las plazas para las cuales sea preceptivo el conocimiento del euskera y valorar como mérito su conocimiento en las convocatorias para el acceso a las demás plazas.
En la zona no vascófona, se reconoce a los ciudadanos el derecho a dirigirse en euskera a las Administraciones públicas, pero estas podrán requerir a los interesados la traducción al castellano o utilizar los servicios de traducción del Gobierno de Navarra.
Fuente: lavanguardia.com
