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El Gobierno de Aragón confirma que prepara nueva Ley de Lenguas.

El Gobierno de Aragón PSOE-CHA redactará una nueva Ley de Lenguas y derogará la actual, según indicaron fuentes del departamento de Educación, Cultura y Deporte, tras conocerse que el Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad presentado en 2013 por medio centenar de diputados del Congreso contra la Ley 3/2013 de uso, protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas de Aragón, aprobada en las Cortes por los grupos parlamentarios de PP y PAR.

Fuentes del departamento de Educación explicaron que el Ejecutivo autonómico intentará que la próxima sea una ley de consenso y lo más acordada posible, si bien no avanzaron plazos sobre su desarrollo normativo, esto es, el compromiso existe, pero no tiene fecha. La Ley vigente de 2013 -apoyada por PP y PAR- sustituyó a la aprobada por las Cortes en 2009 -respaldada por PSOE y CHA.

En cualquier caso, las mismas fuentes señalaron que la nueva ley reconocerá la realidad lingüística de Aragón y denominará a las lenguas minoritarias de la Comunidad como catalán y aragonés junto con sus diferentes variedades dialectales. Esta es la principal diferencia con respecto a la Ley de 2013 vigente, pues la norma de PP y PAR introdujo los términos Lengua aragonesa propia de las áreas pirenaica y prepirenaica (aragonés) y Lengua aragonesa propia del área oriental (catalán) para referirse a las lenguas no oficiales habladas en Aragón. En cualquier caso, ambos circunloquios dejaron de tener validez el pasado 28 de enero, después de que el Gobierno aprobara una disposición adicional a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de Aragón para modificar el artículo 4 de la Ley de Patrimonio Cultural Aragonés. Esta reforma supuso la recuperación de las denominaciones aragonés y catalán para las lenguas minoritarias propias de Aragón que la Ley de Lenguas de 2013 dejaba sin identificar en todo su articulado.


Desde el Ejecutivo PSOE-CHA no entraron a valorar la sentencia del Tribunal Constitucional de la semana pasada que rechaza la inconstitucionalidad de la Ley de 2013, puesto que la intención del Ejecutivo, según puntualizaron, es redactar una nueva norma en esta legislatura. De la misma manera, consideraron que el compromiso del Gobierno con una nueva legislación en materia lingüística se comenzó a materializar con la creación de la dirección general de Política Lingüística, integrada en el departamento de Educación.

Fuente: diariodeteruel.es

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