El
Gobierno de Aragón PSOE-CHA redactará una nueva Ley de Lenguas y derogará la
actual, según indicaron fuentes del departamento de Educación, Cultura y
Deporte, tras conocerse que el Tribunal Constitucional ha desestimado el
recurso de inconstitucionalidad presentado en 2013 por medio centenar de
diputados del Congreso contra la Ley 3/2013 de uso, protección y promoción de las
lenguas y modalidades lingüísticas de Aragón, aprobada en las Cortes por los
grupos parlamentarios de PP y PAR.
Fuentes
del departamento de Educación explicaron que el Ejecutivo autonómico intentará
que la próxima sea una ley de consenso y lo más acordada posible, si bien no
avanzaron plazos sobre su desarrollo normativo, esto es, el compromiso existe,
pero no tiene fecha. La Ley vigente de 2013 -apoyada por PP y PAR- sustituyó a
la aprobada por las Cortes en 2009 -respaldada por PSOE y CHA.
En
cualquier caso, las mismas fuentes señalaron que la nueva ley reconocerá la
realidad lingüística de Aragón y denominará a las lenguas minoritarias de la
Comunidad como catalán y aragonés junto con sus diferentes variedades
dialectales. Esta es la principal diferencia con respecto a la Ley de 2013
vigente, pues la norma de PP y PAR introdujo los términos Lengua aragonesa
propia de las áreas pirenaica y prepirenaica (aragonés) y Lengua aragonesa
propia del área oriental (catalán) para referirse a las lenguas no oficiales
habladas en Aragón. En cualquier caso, ambos circunloquios dejaron de tener
validez el pasado 28 de enero, después de que el Gobierno aprobara una
disposición adicional a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de Aragón
para modificar el artículo 4 de la Ley de Patrimonio Cultural Aragonés. Esta
reforma supuso la recuperación de las denominaciones aragonés y catalán para
las lenguas minoritarias propias de Aragón que la Ley de Lenguas de 2013 dejaba
sin identificar en todo su articulado.
Desde
el Ejecutivo PSOE-CHA no entraron a valorar la sentencia del Tribunal
Constitucional de la semana pasada que rechaza la inconstitucionalidad de la
Ley de 2013, puesto que la intención del Ejecutivo, según puntualizaron, es
redactar una nueva norma en esta legislatura. De la misma manera, consideraron
que el compromiso del Gobierno con una nueva legislación en materia lingüística
se comenzó a materializar con la creación de la dirección general de Política
Lingüística, integrada en el departamento de Educación.
Fuente: diariodeteruel.es
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