En 1984 el Gobierno de Aragón (DGA) firmó un convenio con el Ministerio de Educación para impartir catalán en las comarcas orientales de Aragón. Lamentablemente no se trató por igual al aragonés, que no llegó a las aulas hasta 1997, pese a que casi 50 ayuntamientos del Alto Aragón habían solicitado la enseñanza desde 1984. En el curso 1997-98 en Aínsa, Benasque, Biescas y Jaca comenzó a impartirse como materia extraescolar, con cuatro profesores interinos y a media jornada. Es decir, en una situación precaria.
Casi veinte años después la situación no ha cambiado mucho, pues aunque el número de centros en los que se imparte aragonés se ha incrementado, los profesores siguen en una situación parecida (aún no se han creado las plazas, los profesores son solo seis y algunos de ellos continúan a media jornada).
En 2005, la DGA aprobó el currículo de primaria a través del cual se podía incorporar el aragonés como materia evaluable e incluso se preveía su uso como lengua instrumental para impartir otras materias.
En 2014 otra Orden de la DGA, que desarrolla la tan contestada ley de lenguas, aprobó un nuevo currículo en el que también se incluía la posibilidad de que el aragonés (el LA-PAPYP, ya que el aragonés no apare-ce en su articulado) pudiera ser materia optativa en la enseñanza pero solo una hora a la semana, y en competencia con el refuerzo de lengua castellana, matemáticas y segunda lengua extranjera. Esta Orden establece, además, un currículo para el aragonés que es un corta-pega del currículo de lengua extranjera, de Canarias y de Andalucía (pese a que varias asociaciones a través de alegaciones al borrador avisaron a la DGA de algunos errores para que los rectificara, lo que prueba que ni siquiera las leyeron), ignora el marco común de referencia para las lenguas de la Unión Europea, establece la wikipedia (en la que cualquiera puede hacer una entrada sin ningún control científico) como material evaluable, y tiene unos contenidos inadecuados (basta decir que mientras en 1º de primaria -6 años- en castellano se estudian las sílabas y las vocales, en aragonés se exigen los verbos irregulares), tal vez porque su elaboración no fue encargada a profesionales de primaria, ni se ha contado con los profesores de aragonés.
Finalmente el currículo (que aboga, como la ley, por la dialectalización más extrema) ignora el texto legal, es decir, se salta los cauces democráticos y, de forma autoritaria, otorga a una entidad privada (que se autodenomina Academia, pero no lo es ya que la DGA le impidió inscribirla en 2006), la autoridad lingüística en lugar de a la Academia Aragonesa de la Lengua, ente de carácter público.
Y este ha sido el punto (único jurídicamente impugnable) que la Fundación Gaspar Torrente recurrió ante el TSJA, y ha sido acogido (pese a las alegaciones de la DGA) por este y suspendido cautelarmente.
Se da la circunstancia de que solo uno de los 21 centros que imparten aragonés como extraescolar lo habían incluido en el currículo para este curso (ya que así aseguran que el aragonés podrá ser impartido al no tener competencia con otras asignaturas) manteniéndolo tal como se hacía desde 1997.
El Estado de derecho sirve para esto, para controlar las extralimitaciones del poder de manera que, mientras se dicta sentencia definitiva en el recurso, las clases continuarán impartiéndose del mismo modo que hasta ahora pues, como dice el Tribunal, «el modelo hasta ahora aplicado lo ha venido siendo durante varios decenios... contando con elementos o instrumentos didácticos para la impartición de la materia en cuestión consolidados en el tiempo» ya que lo contrario podría conllevar «desánimo de los educandos y un defectuoso aprendizaje de la materia en cuestión». Lo que para una lengua que se debate entre la vida y la muerte no es poca cosa.
Por José Ignacio López Susín, presidente de la Fundación Gaspar Torrente
Fuente: Heraldo de Aragón (edición papel)
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