El pasado 18 de mayo dimitieron el Sr. Bada Panillo i la Sra. Martín Zorraquino, Presidente i Vicepresidenta, del Consejo Superior de Lenguas de Aragón (CSLA). Los motivos están expuestos en su declaración y así se dice: “haciendo uso colectivo de la competencia y de la responsabilidad pública asumida, no menos que de la autoridad moral que se reconoce a sus miembros, después de considerar la situación y las circunstancias, la perplejidad y el desconcierto que se ha creado con la demora de una promesa incumplida y el no cumplimiento de la ley vigente, necesita y quiere hacer la siguiente declaración”. Y después viene toda su declaración (los interesados pueden leerla aqui). Con la que está cayendo, dirán algunos aragoneses, qué importancia tiene este asunto que afecta tan solo a unos 80.000 aragoneses. Se equivocan todos los que así piensan, ya que las lenguas propias son patrimonio de todos los que conforman una comunidad, y la protección de los derechos de las minorías es uno de los valores que sustentan la democracia.
El Gobierno del PP y el PAR ha incumplido flagrantemente la Ley de Lenguas, aprobada en las Cortes de Aragón el 17 de diciembre del 2009, ignorando todos los preceptos sobre su implantación y desarrollo, y engañando y ninguneando al CSLA. Mientras tanto el Gobierno ha venido anunciando la preparación de un borrador para modificar la Ley. Si nos atenemos a lo que se ha manifestado, más que una modificación será un destrozo indignante. Entre los aspectos positivos de la Ley del 2009 destacan la denominación de las lenguas propias como catalán y aragonés; la protección de las diversas variantes; la posibilidad de ser utilizadas ambas en la comunicación con las administraciones y la obligación de éstas de hacer lo mismo en los territorios de ambas lenguas; la toponimia única de los pueblos y calles…, entre otros. La mayor crítica que puede hacerse a esta Ley, es la......................
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