El Gobierno ha hecho ya efectiva la nueva estructura del Departamento de Educación para dar cabida a la Oficina de las Lenguas propias de Aragón. Se encargará de la coordinación de todas las políticas que tengan que ver con la aplicación de esta norma aprobada hace unos meses en las Cortes de Aragón.
A través de esta oficina la Consejería de Educación ejercerá su competencia en materia de política lingüística. Tendrá entre sus funciones la puesta en marcha de programas de promoción y fomento de la lectura en las modalidades propias de la comunidad autónoma. Así como la difusión y edición de libros tanto en catalán y como en aragonés.
Para desarrollar estas funciones, según aparece publicado en el Boletín Oficial de Aragón, no será necesario contratar a más personal. Se contará con trabajadores del propio departamento, tal como ya aseguró el viceconsejero de Cultura, Juan José Vázquez. De hecho, esta oficina ha estado ya funcionando en los últimos meses, aunque solo con una funcionaria. Se ha encargado de contactar con buena parte de las asociaciones del territorio vinculadas con las lenguas minoritarias de la comunidad. Aunque ahora aparecerá, ya de forma oficial, en el organigrama del departamento.
En el decreto publicado no se especifica, sin embargo, cuántas personas se destinarán a la oficina. Además, se indica que la Consejería de Economía ha autorizado las pertinentes modificaciones presupuestarias que podrían requerir determinadas líneas de acción que pudiesen emprenderse en política lingüística.
Pese a este avance en la aplicación de la ley, el enfado entre las asociaciones es ya más que evidente. El Gobierno de Aragón sigue sin nombrar a los cinco miembros del Consejo Superior de las Lenguas que quedan por designar. Algo que ya han hecho las Cortes y la Universidad de Zaragoza. Y eso pese a que Vázquez aseguró que este asunto estaría resuelto antes del verano.
Son precisamente los nombramientos de estos cinco miembros, entre los que podría estar José Bada, los que impiden que el consejo pueda echar a andar. Un órgano que deberá poner en marcha de forma efectiva la Ley de Lenguas, a través de las academias del catalán y el aragonés, que serán las que marcarán las normas de uso.
Fuente: www.elperiodicodearagon.com
A través de esta oficina la Consejería de Educación ejercerá su competencia en materia de política lingüística. Tendrá entre sus funciones la puesta en marcha de programas de promoción y fomento de la lectura en las modalidades propias de la comunidad autónoma. Así como la difusión y edición de libros tanto en catalán y como en aragonés.
Para desarrollar estas funciones, según aparece publicado en el Boletín Oficial de Aragón, no será necesario contratar a más personal. Se contará con trabajadores del propio departamento, tal como ya aseguró el viceconsejero de Cultura, Juan José Vázquez. De hecho, esta oficina ha estado ya funcionando en los últimos meses, aunque solo con una funcionaria. Se ha encargado de contactar con buena parte de las asociaciones del territorio vinculadas con las lenguas minoritarias de la comunidad. Aunque ahora aparecerá, ya de forma oficial, en el organigrama del departamento.
En el decreto publicado no se especifica, sin embargo, cuántas personas se destinarán a la oficina. Además, se indica que la Consejería de Economía ha autorizado las pertinentes modificaciones presupuestarias que podrían requerir determinadas líneas de acción que pudiesen emprenderse en política lingüística.
Pese a este avance en la aplicación de la ley, el enfado entre las asociaciones es ya más que evidente. El Gobierno de Aragón sigue sin nombrar a los cinco miembros del Consejo Superior de las Lenguas que quedan por designar. Algo que ya han hecho las Cortes y la Universidad de Zaragoza. Y eso pese a que Vázquez aseguró que este asunto estaría resuelto antes del verano.
Son precisamente los nombramientos de estos cinco miembros, entre los que podría estar José Bada, los que impiden que el consejo pueda echar a andar. Un órgano que deberá poner en marcha de forma efectiva la Ley de Lenguas, a través de las academias del catalán y el aragonés, que serán las que marcarán las normas de uso.
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